El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó medidas cautelares que obligan al Ministerio de Minas, La Superservicios y la CREG a realizar mesas de concertación antes de tomar cualquier decisión al respecto.

Desde el pasado 18 de enero el  Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó hacer efectivas las dos medidas cautelares solicitadas por el dirigente Carlos Caicedo -consistentes en no aumentar las tarifas de Electricaribe y no cambiar el operador del servicio de energía en la Costa sin la previa socialización con la comunidad, sin embargo  el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), siguen sin cumplir con las mesas de trabajo impuestas en la providencia en que fue admitida  la acción judicial .

En razón a lo anterior –y ante el posible perjuicio por desacato que podrían sufrir la Cartera de Minas y Energía, la Creg y la SuperServicios-, Carlos Caicedo -en condición de sujeto ponente de las cautelas- y las tres autoridades nacionales en mención, optaron por conciliar una salida en aras de definir las fechas de las 28 mesas proferidas por el Despacho.

Dicha conciliación se llevó a cabo en Barranquilla con la mediación de la Procuraduría 118 Judicial II Administrativa de la capital atlanticense, a cargo de Juan Antonio Spirko, quien ofició como garante.

Este último procedimiento obedeció a que el tiempo mínimo -establecido por la Ley- para que una cautela admisible tenga cumplimiento es de solo un mes, teniendo en cuenta que la providencia del Tribunal fue notificada el pasado 18 de enero.

En la  reunión de conciliación citada por la Procuraduría para organizar las audiencias públicas ordenadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico con fundamento en las medidas cautelares que  fueron concedidas en la acción popular contra Electricaribe se hizo presente el accionante Carlos Caicedo y  representantes de la SuperServicios, del Ministerio de Minas y la Creg.

“El encuentro  concluyó en la cita de otra reunión, debido a que los delegados de las entidades implicadas, manifiestan haber solicitado al Tribunal aclaraciones sobre la cautela”, indicó Caicedo.

Ante la eventual dilatación del proceso, el principal vocero del movimiento Fuerza Ciudadana fue enfático al recordar que la responsabilidad de convocar fue asignada a la Creg en relación al ajuste tarifario. Y en cuanto a la escogencia del nuevo operador, corresponde a la Superintendencia y al Ministerio de Minas y Energía, toda vez que son esas entidades las que deben organizar el componente logístico concertado con el actor popular, teniendo en cuenta que la decisión judicial -así no la compartan- debe ser acatada.

“En defensa de los usuarios no podemos consentir demoras en el cumplimiento del fallo por parte de las entidades prestadoras o reguladoras del servicio, a riesgo de incurrir en desacatos. Las tarifas no pueden aumentar o contratar nuevos operadores hasta tanto no exista concertación”, agregó.

MEDIDAS CAUTELARES

Lo dicho por Caicedo se basa en la orden del Tribunal que profiere: “la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar”.

Con relación a este mismo punto, la Justicia precisó: “Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes; la Procuraduría, será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento; los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa, deberán ser analizadas a profundidad por la Creg a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.

Igualmente, la segunda medida cautelar decreta que “la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Minas y Energía y  cualquier otra entidad que resulte competente,  antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los departamentos afectados, a fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg -y todas las parte implicadas-. Dichas autoridades, deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los departamentos”.

Carlos Caicedo, afirmó  que espera la pronta respuesta del Tribunal a las tres entidades respectivas con el fin de que los usuarios del servicio de energía sean los mayores beneficiados.

“Esperamos que se concrete un calendario para dar inicio a las audiencias públicas -2 en cada departamento del Caribe – con participación de los alcaldes y los vocales de control, en representación de los usuarios. Estas medidas cautelares pretenden -de fondo- que los subsidios se amplíen y que la empresa pase a ser de carácter público, porque la empresa con participación de las entidades territoriales y los usuarios es la participación ciudadana, de manera que no se tomen decisiones sin escuchar a los usuarios de la región”, finalizó

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